El conocimiento y estudio del proceso judicial franquista conocido como “Causa General” ha sido para muchos historiadores, entre los que me encuentro, punto de partida para la investigación de la represión institucional practicada por el régimen franquista contra sus oponentes políticos; contra las personas, en definitiva, defensoras del orden constitucional y la democracia que suponía la II República española.
Por Decreto de 26 abril de 1940, publicado con fecha 4 de mayo, se instruía y concedían “amplias facultades” a la fiscalía para recopilar “las pruebas de los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja”. Desde 1940 y hasta el Decreto-Ley de 1969 que declaró prescritos los “supuestos” delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939, la Causa General, desarrollada en diferentes secciones y ámbitos territoriales (provincial y local) ocupó recursos y generó un inmenso volumen de documentación, conservada en el Archivo Histórico Nacional y accesible por haberse digitalizado en el Portal de Archivos Españoles (PARES) del Ministerio de Cultura.
La Causa General no es un proceso judicial en sentido estricto, aunque en algunas ocasiones de su desarrollo derivaran detenciones y acusaciones. El relato de los “hechos delictivos” tenía por objetivo principal justificar la sistemática violencia institucional practicada contra las víctimas de un régimen emparentado ideológicamente con el fascismo y el nazismo. El ejercicio concreto de esa represión institucional se manifestó en los procesos instruidos por la justicia militar, en las depuraciones administrativas de funcionarios y enseñantes y en los tribunales encargados de las llamadas “responsabilidades políticas”.
La Causa General es por tanto, y fundamentalmente, un instrumento propagandístico, que en numerosas ocasiones refiere acusaciones y responsabilidades sin conocimiento ni correspondencia con las establecidas en los tribunales. Sin ni tan siquiera contar con el escaso rigor y garantías procesales de éstos, la Causa General aporta testimonios y declaraciones, de innegable valor histórico, pero que por su origen y objeto deben en mayor medida someterse a crítica hermenéutica y de veracidad.
Personas interesadas en la Historia, pero carentes de titulación, o personas simplemente interesadas políticamente, publican sin el necesario rigor, y en ocasiones con mala fe, acusaciones y testimonios contenidos en la Causa General, pretendiendo justificar, de la misma manera que el régimen franquista, la represión y violencia política sufrida por las víctimas.
Los innegables asesinatos y crímenes cometidos durante la Guerra por la llamada “violencia revolucionaria” no justifican ni la existencia ni la legitimidad de un régimen contrario a los derechos humanos y a los valores democráticos. La condena de la represión franquista y la reivindicación de la memoria de las víctimas del franquismo tampoco justifica la violencia sufrida por las “otras” víctimas.
La Memoria (histórica) Democrática, desde posiciones y propósitos de conocimiento científico distingue históricamente entre la violencia política institucional y la popular, pero iguala y considera políticamente de la misma manera a todas las víctimas. La diferencia no está en éstas, sino entre quien utiliza su memoria en favor de los valores democráticos, y quien no.
Pedro Gascón.